Agentes de todas las unidades penitenciarias se concentraron frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura. Piden más seguridad, pero las autoridades políticas dicen que quieren volver a una política de mano dura.
De la redacción de El Litoral
Otra vez, centenares de guardiacárceles salieron ayer a la calle, y en una protesta inusual -y fuera de reglamento- exigieron respuestas para el sector. Ya el lunes se habían movilizado hasta la sede del Servicio Penitenciario, donde mantuvieron un encuentro con los responsables políticos del sector. Desde entonces, intercambiaron petitorios y contestaciones, pero no lograron zanjar el conflicto. Ayer, un número de uniformados autoconvocados duplicó al del lunes. Fueron nuevamente hasta las oficinas del Servicio, pero, ante la ausencia de autoridades, se trasladaron hasta la Casa de Gobierno. Allí pidieron ser recibidos por el ministro Antonio Bonfatti; no obstante, sólo lograron hablar con su secretario. Entonces, decidieron ir hasta la Legislatura, donde, por ser día de sesión, los anfitriones estaban asegurados.
Patrocinados por la abogada Cecilia Tovar, los agentes colmaron la explanada del Palacio Legislativo, hasta que la letrada y un par de guardiacárceles fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, y algunos de sus pares. En una suerte de gestión de buenos oficios, los legisladores se comunicaron con el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, quien aceptó recibir a delegados de los agentes el próximo miércoles. El personal aceptó el convite, y abandonó la plaza gritando a viva voz: “¡Que se vayan, que se vayan!”. Públicamente, pidieron la renuncia de Leandro Corti y Mariano Bufarini, máximos responsables políticos del Servicio..
Qué reclaman
En un “manifiesto” redactado por los agentes y entregado ayer durante la protesta, el personal resumió los reclamos. Solicitaron mayores condiciones de seguridad para los agentes; participación de los empleados en el tratamiento penitenciario y en las decisiones que se tomen en la institución, la no aplicación de la nueva ley de ejecución penal que, según dicen, contradice la normativa nacional, y dejar sin efecto el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Personal Penitenciario (ver El dato) porque “vulnera los derechos adquiridos de los empleados”.
En el escrito expresan su “total desacuerdo con la política penitenciaria implementada por la actual gestión, que ha desconocido y menoscabado al empleado penitenciario”. Sostienen que la seguridad se ha visto vulnerada dentro del penal tanto para los agentes como para los internos porque, “sin normas claras, rige la ley del más fuerte”.
El texto cierra con una advertencia: “Para que no volvamos a vivir los hechos de la masacre en la cárcel de Coronda en abril de 2005, donde murieron once internos; para que no perdamos la vida de ningún compañero; para que no volvamos al pasado porque consideramos que esta gestión ha fracasado en todos sus aspectos”.
Posturas
Entre los legisladores, protagonizó un cruce verbal con los guardiacárceles, mientras ingresaba al edificio, la diputada Alicia Gutiérrez (SI). Consultada por El Litoral, aseguró que los empleados del sector quieren volver a una política penitenciaria de mano dura.
“Hoy los penitenciarios tienen ciertas libertades que antes no tenían. Quizá en otro momento, después de una marcha como ésta, habrían rodado muchas cabezas de varios jefes. Creo que lo que está en juego acá -opinó- no es una cuestión salarial, sino un modelo penitenciario. Cuando el gobernador asumió, prometió que las cárceles iban a ser dignas y que la mano dura no iba a existir más. Eso es lo que se está dando hoy, con límites para quienes están dentro de la cárcel, pero con respeto absoluto de los derechos humanos, tanto de los presos como de los trabajadores”.
La abogada de los agentes, en tanto, negó la imputación. “Es mentira que queremos mano dura -le contestó a El Litoral-; es al revés. Queremos que se compatibilicen las normas que están ahora, que son de la dictadura, con los derechos que lograron los internos para que se pueda actuar con una disciplina adecuada que garantice la seguridad del interno y de los empleados”.
Precisamente, una de las quejas de los guardiacárceles es que no existen sanciones disciplinarias para aquellos reclusos que protagonizan revueltas y ponen en riesgo la seguridad de los agentes.
Nueva ley
Un agente penitenciario que prefirió no identificarse relató a El Litoral que la nueva Ley Orgánica del personal del sector “convertirá al agente penitenciario en un mero empleado público; afectará su carrera administrativa, repercutirá negativamente en los salarios, y hará que la fuerza esté conducida por civiles”. Ayer, en medio de la protesta, el alcaide Julio Monzón reconoció que este tipo de manifestaciones está “fuera de reglamento” y que ello puede implicar sanciones para el personal. “Pero la situación es muy grave; por eso decidimos autoconvocarnos”, explicó.
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