El especialista asegura que la solución viene de la mano de políticas sociales. Apoya la idea de establecer un régimen de responsabilidad penal a partir de los 14 años, pero aclara que esto no tiene similitud con bajar la edad de imputabilidad.
De la redacción de El Litoral
En tiempos en los que la delincuencia juvenil es una de las problemáticas más preocupantes, el diputado Emilio García Méndez asegura que “la Argentina es el país más atrasado de América Latina porque es el único que no tiene un régimen penal juvenil”.
Diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del partido SI, García Méndez visitó nuestra ciudad acompañado por el secretario general de SI Santa Fe, Oscar Belbey, y dialogó con El Litoral acerca del proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Senadores de la Nación.
—¿Qué opina sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad?
—No se puede tomar partido si no tenemos un diagnóstico de lo existente. El régimen penal de la minoría es un decreto de 1980 -de la dictadura militar- que establece que los menores de 18 años están divididos en dos categorías: mayores de 16 y menores de esta edad. Un menor de entre 16 y 18 años es relativamente imputable, es decir, cuando se le imputa un delito, el juez ordena un tratamiento tutelar. Si es de clase media-alta, significa que después de un homicidio se puede ir a su casa tranquilamente. Si es de sectores marginales, implica privación de libertad hasta que cumple 18 años, cuando lo juzgan como adulto por un delito que cometió siendo menor. Por otra parte, los menores de 16 son absolutamente inimputables y no punibles: no se puede iniciar ningún proceso, es decir no se puede establecer ninguna averiguación de responsabilidades. Si son de sectores medios-altos y el juez considera que están contenidos, se van a su casa. Si pertenecen a sectores vulnerables y el juez considera que están en peligro material o moral, se abre un expediente tutelar y en base a éste se lo priva de la libertad para protegerlo.
Régimen penal juvenil
—Ante esta realidad, ¿qué se puede hacer?
—Tenemos tres posibilidades. La primera es dejar todo como está: la imputabilidad a partir de los 16 años y una imputabilidad disfrazada a partir de los 14 porque tenemos privación de la libertad sin el debido proceso. La segunda posibilidad es bajar la edad de imputabilidad, que significa tratarlos como adultos. Una ley de baja de la edad de imputabilidad tendría que tener un solo artículo que diga “se baja la edad de imputabilidad a tantos años”. En el Congreso hay un solo proyecto de ley para hacerlo. A diferencia de lo que pasó en la época Blumberg, cuando el Congreso fue cómplice de esa locura, en esta etapa se ha convertido en un filtro de racionalidad. La tercera alternativa es crear un régimen de responsabilidad penal juvenil, que no tiene ninguna similitud con bajar la edad de imputabilidad.
—¿En qué consistiría?
—En establecer un sistema especial de responsabilidad entre los 14 y los 18 años. Es decir, hay que subir la imputabilidad de 16 a 18, pero hay que establecer un régimen de responsabilidad penal a partir de los 14, con su debido proceso. En la Cámara de Senadores hay un alto consenso y ya se aprobó en general un proyecto en este sentido, que establece la privación de libertad para delitos graves: 3 años para la franja de 14 y 15 años, y 5 años para los que tienen 16 y 17. La tendencia hoy es disminuir las garantías para usar la privación de la libertad como forma de política social. Los institutos son cárceles a las que van sólo los pobres. En la Argentina hay 1.900 menores privados de la libertad y ninguno es de clase media.
Fuertes resistencias
—¿Usted apoya este proyecto?
—De las tres posibilidades, opto por un régimen penal juvenil, pero hay que tener muy claro que esto no es para resolver el problema, sino para administrarlo. Para resolverlo están las políticas sociales: la salud, la educación, el tiempo libre. Acá no hay forma de que un adolescente de clase media quede privado de la libertad porque el sistema está hecho no para juzgarlos por lo que han hecho, sino por lo que son. El uso de la detención cautelar es repugnantemente clasista. Lo que estamos pidiendo es que el Estado de derecho funcione para todos los sectores. Los adolescentes son sujetos de derechos, pero para ello tiene que ser sujeto de responsabilidades. En Argentina cuesta mucho instalar este sistema porque las resistencias de los sectores progresistas son muy fuertes.
—¿Por qué?
—Porque en este país la represión ilegal fue tan desmesurada que no acertamos a hacer un discurso serio y responsable sobre la represión legal. Por eso es muy difícil construir un orden legítimo. Como dijo una vez el historiador Halperín Donghi, el Estado argentino tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, con una sola condición: que no lo use. No acertamos establecer un orden legítimo: andamos a los bandazos entre la represión brutal e indiscriminada y algo que se parece a la anarquía. En la medida en que los sectores progresistas no rechacen esta división absurda según la cual los derechos humanos son para los progresistas y el orden para los conservadores, y no nos tomemos en serio la construcción de un orden democrático, no tendremos estabilidad.
A diferencia de lo que pasó en la época Blumberg, cuando el Congreso fue cómplice de esa locura, en esta etapa se ha convertido en un filtro de racionalidad”, reflexionó García Méndez.
