LOS MENORES DEBEN TENER DERECHO A DEFENSA EN UN PROCESO

En una línea totalmente acorde con la presión pública que en los últimos tiempos viene reclamando mayor seguridad y una política de “mayor mano dura” hacia los “menores delincuentes”, la Corte Suprema de Justicia revocó por resolución unánime el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación que ordenaba la libertad de 60 chicos menores de 16 años, acusados de diferentes delitos penales, alojados en el Instituto San Martín. Este, como otros institutos de encierro de adolescentes en conflicto con la ley penal suelen presentarse como centros de protección, resocialización o reeducación, pero en realidad y hablando sin eufemismos no son otra cosa que siniestros institutos carcelarios.

La resolución del máximo tribunal no deja de llenarnos de zozobra y de impotencia ya que significa, sin duda alguna, un terrible retroceso en los derechos humanos de la niñez. Con este fallo se convalida expresamente el hecho de que en nuestro país se puede detener y privar de la libertad en Institutos de régimen cerrado a menores de 16 años de edad, no punibles, sin imputación penal, sin juicio, sin debido proceso, sin derecho a defensa, sin límite de tiempo, por disposición discrecional de los jueces de Menores, bajo la sórdida y burda justificación que se lo hace para protegerlos por su pobreza, falta de educación o de familia.

Es terriblemente peligroso para las garantías constitucionales del conjunto de la población, que haya una parte de la misma (en este caso niños/as y adolescentes) cuya libertad no tiene protección jurisdiccional. El resto de la sociedad, es decir los “adultos”, pueden padecer la privación de la libertad cuando media una imputación penal y cuando a través de las reglas del debido proceso, se dicta la resolución judicial correspondiente, garantizando siempre el derecho a la defensa. ¿Por qué entonces a los “menores” sí se le puede imponer un sistema de privación de libertad tan discrecional y lesivo de derechos?.-

Veamos un poco cuál es el proceso que culmina con este Fallo de la Corte Suprema. El 20 de setiembre del 2006 la Fundación Sur Argentina, presidida por el Diputado Nacional del SI Emilio García Mèndez, y la adhesión del CELS, CASACIDIN y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos, interpone un habeas corpus a favor de todas las personas menores de 16 años , privadas de su libertad, sin garantía de debido proceso por resoluciones judiciales emitidas por Jueces de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo estipulado por el art. 1º del decreto-ley 22.278 que regula el actual Sistema Penal de la Minoridad. Debemos recordar que este decreto-ley 22.278 fue sancionado y promulgado el 20 de agosto de 1978, por el gobierno de la última dictadura militar y que, lamentablemente 25 años de democracia no han sido suficientes para lograr derogarla y reemplazarla por una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que contemple la problemática en el amplio marco del respeto a los derechos humanos

Este habeas corpus, que se fundamentó en las Convenciones Internacionales suscriptas por nuestro país e incorporadas a nuestra Constitución Nacional y a la Ley Nº 26061 que derogó el patronato y estableció expresamente que no se puede utilizar el recurso de protección de los niños para encerrarlos, es rechazado en primera instancia y también por la Cámara V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ante ello, la Fundación Sur Argentina interpone recurso de casación e inconstitucionalidad.-

La Sala III de la Cámara de Casación Penal se expide entonces, ordenando liberar en forma progresiva, en un plazo de noventa días a los menores alojados en el Instituto porteño. Asimismo declara la inconstitucionalidad del art.1º del decreto-ley 22278 que permite encerrar a menores de 16 años con una mera acusación policial, pese a que son inimputables, y le da doce meses al Congreso para reformar la norma de acuerdo con los principios constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro país.-

Pero ahora la Corte Suprema de la Nación, con esta setencia contradictoria, revoca el fallo de la Cámara de Casación y cierra así la posibilidad de que menores no punibles, recuperen la libertad de la que están privados en flagrante violación a los principios constitucionales y de derechos humanos. Y decimos que se trata de un fallo contradictorio, ya que si bien por un lado señala paradójicamente que el actual sistema penal no respeta los derechos de los niños consagrados en la Constitución e insta a los otros poderes del Estado a elaborar y desarrollar políticas públicas para la niñez acordes con esos principios, termina por el otro lado inclinándose a complacer los reclamos sociales de “seguridad” que, en consonancia con las opiniones del gobernador Scioli, postulan el encierro de los menores de los sectores más vulnerables ( que por ello parecen ser los más peligrosos ) como una rápida y fácil solución a los delitos.

Más allá de las normas y de los fallos, más allá del discurso y de las discusiones académicas, es hora de que nos hagamos cargo como sociedad de la situación de esos niños y adolescentes, seres de carne y hueso, que están padeciendo la privación de su libertad en encierros injustificados y aberrantes. No son de otro planeta, son “nuestros niños y niñas”, son “nuestros adolescentes”.

Pensemos que los últimos datos oficiales disponibles (Informe "Privados de Libertad" que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con Unicef Argentina a fines de 2005 ) mostraban que en el país había 19.579 niños, niñas y adolescentes privados de la libertad. De ese total el 84,8 por ciento se encontraba bajo una medida judicial por supuestas razones asistenciales o de protección mientras que apenas el 15,2% lo estaba por causas penales.

Seguramente habrá muchos que en los medios aplaudan la decisión de la Corte, apelando incluso a discursos pseudoprogresistas; es hora que, como homenaje a estos 25 años de democracia que nos ha sido tan cara, empecemos a construir como ciudadanos críticos y responsables un sistema que articule el derecho de la sociedad a su seguridad colectiva, con el derecho de los individuos (incluído el de los niños y adolescentes) a sus garantías individuales, y en el que la libertad y la vida deben ocupar un lugar fundamental.

La sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil es uno de los primeros pasos que debe darse en ese sentido. Este es el tamaño del desafío que nos incumbe a todos.



Alicia Gutiérrez
Diputada Provincial Santa Fe
Partido SI
Tel 0341-155896126

Unión estable de parejas: vigilar y castigar

La Capital

04-12-08 Reflexiones, por Alicia Gutiérrez (*)

Unión estable de parejas: vigilar y castigar

Tal vez sea arbitrario traer a colación este significativo texto de Michel Foucault y su análisis sobre el poder, los actos punitivos, la penetración del cuerpo por parte de las decisiones del poder, los mecanismos microfísicos de los aparatos del poder o, como diría el recordado Louis Althusser, "las instituciones ideológicas del Estado".

Pero estos reconocidos artículos me permiten argumentar un criterio sustentable sobre cómo el poder apela a tácticas desde represivas hasta sutiles para evitar el surgimiento de otras culturas, otros pensamientos, otras conductas que, según sus criterios, pueden deteriorar su autoridad. En definitiva, estas medidas coercitivas atentan contra la libertad individual.

Con distintos orígenes, con motivaciones análogas podemos visualizar que la actual sociedad disciplinaria tiene ciertas similitudes con aquella de los siglos XVIII y XIX, analizada por Foucault, para exponer sus innovadoras teorías. En estos carriles podríamos situar la permanente negativa de sectores conservadores nativos a habilitar derechos constitucionales a diversos grupos de homosexuales y heterosexuales, que esperan la sanción de la ley de unión civil, aprobada en Diputados pero "cajoneada" por parte del Senado santafesino. Los potenciales beneficiarios de la ley seguramente no creen en la institución matrimonio o son excluidos de la misma por no cumplir con los preceptos de un dogma, que puede ser mayoritario, pero que jamás debe intentar homogeneizar a todos los argentinos según su propia visión, porque de esta manera estaría convirtiendo al país en una teocracia, que se asimilaría a aquellos fundamentalismos que algunos purpurados dicen combatir.

Los legisladores pueden profesar sus credos o no, pero deben legislar contemplando las distintas heterogeneidades sociales y no observando solamente un pensamiento único.

"Lo que busco –decía Foucault– es intentar demostrar cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos".

Observamos con esta negación a la unión civil cómo esa "microfísica del poder" influye negativamente en aquellos que no aceptan las normas digitadas que reprimen la libertad de elegir. La subordinación a determinados cánones que supeditan aquella "normalidad" a la aceptación de reglas religiosas, sociales, economicistas o clasistas, que no respetan los derechos de minorías, las obliga a cumplir preceptos, algunos de ellos aceptables, otros grotescos, que generalmente buscan disciplinar a quienes no comparten determinados parámetros pretendidamente hegemónicos.

Utilizan una multiplicidad de tácticas que sugieren sentido común, pero no contemplan la diversidad social. Esta definición de sectores conservadores, generalmente imbuidos de axiomas religiosos de distintos orígenes, establece quiénes son "normales" y quiénes "anormales". Hay que admitir que este poder se ejerce a partir de posiciones estratégicas, y a veces es acompañado por la posición sumisa de aquellos que son dominados.

Este poder invade la vida de aquellos a quienes consideran fuera del sistema de premios y castigos. Son tan lacerantes estas metodologías, que muchos de los que rechazan la "unión civil" son aquellos que celebraron a quienes en la dictadura militar asesinaron a ciudadanos que no compartían sus ideas.

Foucault nos decía: "Los métodos de análisis tratan una insurrección de los saberes sometidos, de hacer entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados... contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que está detentada por unos pocos". Con este método refuerzan la ideología del bien y del mal.

"Este nuevo poder –nos relataba Foucault– se caracteriza por ser microscópico, capilar; encuentra el núcleo mismo de los individuos, alcanza su cuerpo". Tomemos los castigos como el caso del suplicio de la inquisición, donde era necesario que los habitantes fueran espectadores para lograr atemorizarlos y así mostrar el poder real; en los siglos pasados esta táctica dio los resultados buscados. En el siglo XXI, la intención ha sido "deslegitimar el reclamo", llegando inclusive a ofrecer tratamientos para este tipo de "enfermedades". Estas formas de amedrentamiento a la sociedad moderna suenan cada vez más ridículas.

La gran obra del genial francés nos recuerda: "No se pretende castigar menos, sino castigar mejor; castigar con una severidad atenuada quizá, pero para castigar con más universalidad y necesidad; introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social". En este caso, censurando voces, escondiendo realidades sobre la validez de las parejas gays y lesbianas, que tienen tantos derechos como las heterosexuales, se les quita facultades a quienes se tilda de diferentes y se los castiga.

Históricamente, el humanismo ya condenó estas prácticas autoritarias; quienes compartan las ideas de sectores religiosos, políticos o sociales no pueden tener derecho de excluir de la potestad de derechos inalienables a otros ciudadanos sólo por pensar o actuar distinto a su propia vivencia.
Escuchar oraciones en pos de una "reconciliación" de víctimas con dictadores y genocidas, pero a su vez mostrar aristas tan sectarias hacia minorías sexuales, no ayuda a creer en la veracidad y generosidad de sus discursos. Es hora de comenzar a respetar a todos y todas, y cambiar, porque simplemente estamos hablando de derechos para dos personas que tomaron su decisión de elegirse libremente.

(*) Diputada provincial del partido SI

Charla - debate: Violencia Juvenil, Seguridad Ciudadana y Los Derechos Fundamentales: Responsabilidad Penal de los Menores